Una fuerte polémica desató entre los diputados ante el Parlamento nicaragüense, el artículo 62 de la Ley contra el Crimen Organizado, que faculta al Ministerio Público y a la Policía Nacional, previa autorización judicial, para interceptar cualquier comunicación telefónica o electrónica durante la investigación que se realice por presunta comisión de delitos vinculados al crimen organizado.

La desconfianza de los legisladores es que la interceptación de las comunicaciones de los ciudadanos nicaragüenses, puedan ser utilizadas como arma para el chantaje político o de cualquier otra índole.

“En los casos de investigación de los delitos previstos en esta ley, a solicitud expresa y fundada del Fiscal General de la República o del director general de la Policía Nacional, los jueces de Distrito de lo Penal podrán autorizar a éste el impedir, interrumpir, interceptar o grabar comunicaciones, correspondencia electrónica, otros medios radioeléctricos e informáticos de comunicaciones, fijas, móviles, inalámbricas y digitales o de cualquier otra naturaleza, únicamente a los fines de investigación penal y de acuerdo a las normas establecidas en el Código Procesal Penal”, se lee en el artículo 62 denominado “interceptación de comunicaciones”, aprobado ayer.

Quien además se opuso a este artículo fue el legislador Carlos García Bonilla. Al final, el artículo, incluido en el capítulo VIII fue aprobado 73 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Es el único capítulo de los 10 aprobadas hasta el momento, que no cuenta con el consenso total, pero sí con una mayoría irrefutable.

El diputado liberal y presidente de la Comisión de Justicia, José Bernard Pallais Arana, aclaró que la interceptación de comunicaciones por estos delitos no tiene nada que ver con el “espionaje político” que puedan realizar algunas entidades de inteligencia que, por demás, recordó, en Nicaragua es ilegal el espionaje.